ACTUALIDAD. El hurto de cables y los actos de vandalismo contra la infraestructura eléctrica de EPM encendieron las alertas en Antioquia y el Valle de Aburrá. Estos hechos, asociados principalmente con la comercialización ilegal de cobre, están afectando la continuidad, calidad y confiabilidad del servicio de energía para miles de hogares, comercios e industrias.
La situación se ha vuelto especialmente crítica en subregiones como el Bajo Cauca, Norte y Nordeste antioqueño, así como en Medellín y en municipios del Valle de Aburrá como Bello, Caldas, La Estrella y Envigado. Allí, redes, cámaras subterráneas, cableado, equipos y otros elementos esenciales del sistema eléctrico han sido blanco de ataques sistemáticos.
Más allá del costo económico, el problema tiene un impacto directo sobre la vida cotidiana de los usuarios. Cuando una red es hurtada o vandalizada, se interrumpe el servicio, se afectan procesos productivos, se compromete la seguridad de sectores completos y se obliga a desplegar equipos técnicos para atender emergencias que pudieron evitarse.
Las cifras evidencian la magnitud del problema
Entre 2024 y 2025, EPM invirtió más de 7.200 millones de pesos en la reparación y reposición de infraestructura afectada por hurto y vandalismo en Antioquia y el Valle de Aburrá. En lo corrido de 2026, únicamente los daños ocasionados a la red subterránea ya están valorados en cerca de 25.000 millones de pesos.
Como consecuencia de estos hechos, más de 763.000 clientes han resultado afectados por interrupciones del servicio de energía. Además, las interrupciones asociadas a estos eventos han tenido una duración promedio de 24,6 horas por evento.
El daño no se limita a la pérdida de cables, también incluye transformadores, luminarias, medidores, acometidas, elementos de protección, tapas de seguridad y otros componentes indispensables para la prestación del servicio.
A esta problemática se suma el vertimiento de aceites, solventes, pinturas y otros residuos en cámaras subterráneas de redes eléctricas, una práctica que deteriora equipos, reduce la vida útil del cableado y aumenta el riesgo de fallas en el sistema.
Riesgo para todo el sistema eléctrico
El hurto de cables de media tensión y el vandalismo contra redes asociadas a subestaciones de energía del Valle de Aburrá representan una amenaza de alto impacto para la confiabilidad del sistema eléctrico.
Si se presentan afectaciones simultáneas en instalaciones críticas, podrían generarse interrupciones masivas y prolongadas del servicio para miles de usuarios residenciales, comerciales e industriales. En el caso de las empresas, estas fallas pueden traducirse en pérdidas económicas, retrasos operativos y afectación de ingresos.
Los esfuerzos técnicos, económicos y operativos para atender esta situación son cada vez mayores. “Estas acciones no solo afectan la sostenibilidad y la confiabilidad del sistema eléctrico, sino que obligan a realizar inversiones extraordinarias para reparar la infraestructura dañada, recursos que podrían destinarse a su modernización, expansión y al desarrollo de las comunidades”, indica Jorge Cerezo Restrepo, gerente de Transmisión y Distribución Energía de EPM.
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Estas inversiones también tienen efectos sobre los costos reconocidos por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, lo que puede traducirse en incrementos en las facturas de los usuarios. A ello se suma un riesgo mayor, la posibilidad de lesiones graves o muerte para quienes manipulan redes energizadas.
“Cuando se atenta contra la infraestructura de servicios públicos, las consecuencias las asumimos todos”, subraya el directivo.
Acciones para proteger la infraestructura y judicializar a los responsables
Para enfrentar esta problemática, EPM ha fortalecido las medidas de protección de la infraestructura eléctrica con monitoreo permanente, instalación de barreras físicas, rediseño de tapas de seguridad, sistemas de alarma y controles de acceso en instalaciones críticas y redes subterráneas.
De manera paralela, la Empresa trabaja con las autoridades competentes para identificar, capturar y judicializar a los responsables de estos hechos delictivos.
De acuerdo con los artículos 240, 241 y 265 del Código Penal Colombiano, quienes incurran en conductas relacionadas con hurto calificado y agravado y daño en bien ajeno podrían enfrentar penas de hasta 21 años de prisión.
Para EPM la reposición de un solo kilómetro de cable de media tensión puede costar aproximadamente 550 millones de pesos, mientras que los tiempos de reposición pueden extenderse hasta 14 meses, dependiendo de la magnitud del daño y de la disponibilidad de materiales y equipos especializados.
Esas anomalías se pueden reportar
EPM invita a la ciudadanía a convertirse en aliada en la protección y cuidado de la infraestructura eléctrica. Si se observa personas realizando intervenciones sospechosas o no autorizadas en redes, postes, cámaras subterráneas de energía o cualquier otro elemento del sistema eléctrico, se pueden reportar a través de la línea de WhatsApp habilitada exclusivamente para este fin: 301 516 11 81.
La energía también se protege con información ciudadana. Comparta ➡️ esta información y ayude a que más personas reconozcan y reporten los riesgos contra la infraestructura eléctrica.
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Foto de apoyo cortesía EPM y ajustada por Departamento de Arte de Despejando Dudas
