¿Lo pueden multar por hacer ruido? Atención a lo que dice actualmente la ley en Colombia

La aprobación de la Ley 2054 de 2025 marcó un avance clave en la defensa del ambiente sonoro, al establecer controles rigurosos sobre los niveles de ruido tanto en zonas urbanas como rurales y naturales.

La nueva normativa fija obligaciones precisas para las autoridades ambientales, los gobiernos locales y la Policía, al tiempo que contempla sanciones para quienes sobrepasen los niveles de ruido permitidos.

Según Antonio Rudas, director de la Maestría en Gestión Ambiental de Areandina, sede Valledupar, la norma marca un antes y un después en materia de salud y convivencia ciudadana. “El objetivo principal de la ley es proteger la salud pública y el bienestar colectivo. Está demostrado científicamente que la exposición prolongada al ruido genera enfermedades físicas y mentales, y deteriora la calidad de vida tanto en humanos como en animales”, explica.

La nueva normativa, no solo refuerza el marco legal vigente —que incluía disposiciones desde la Constitución de 1991 y leyes como la 99 de 1993—, sino que además otorga herramientas prácticas a la Policía Nacional para actuar ante situaciones de ruido excesivo. De hecho, ahora es posible que un agente pueda intervenir directamente para desactivar un equipo de sonido u otra fuente emisora de ruido y, si es necesario, imponer multas que podrían alcanzar hasta diez salarios mínimos diarios legales vigentes ($474.500).

Prepárese y evite sorpresas

Entre las principales novedades de la ley está la obligación de armonizar los planes de ordenamiento territorial (POT) con las normas de restricción del ruido ambiental. Esto significa que las autoridades locales deberán definir zonas donde los niveles máximos de sonido estén estrictamente regulados, especialmente cerca de hospitales, escuelas, bibliotecas, áreas residenciales y ecosistemas protegidos.

El incumplimiento de esta normativa puede derivar en sanciones administrativas y económicas, e incluso en la clausura temporal o definitiva de los establecimientos reincidentes. Esto incluye bares, discotecas, iglesias, tiendas de barrio y todo tipo de locales comerciales. También aplica para fiestas privadas que interfieran con la tranquilidad de los vecinos.

En ese sentido, Rudas aclara que la intención no es eliminar las expresiones culturales ni de entretenimiento, sino adaptarlas al respeto por el entorno: “No se trata de prohibir la celebración ni la música, pero sí de garantizar que esta no afecte a terceros. Lo que antes se toleraba ahora debe replantearse desde el respeto al entorno y a los demás”.

Otro de los objetivos clave de la ley es promover tecnologías de bajo ruido en sectores como el transporte, la industria y los servicios. Asimismo, busca fortalecer la gobernanza ambiental, desarrollando estrategias de sensibilización ciudadana sobre los efectos nocivos del ruido y brindando capacitación a las autoridades para un control más eficaz.

A partir de ahora las fuentes emisoras de ruido serán controladas con sonómetros por parte de la Policía Ambiental y otras entidades designadas. Aunque la norma ya está vigente, se otorgó un plazo de 18 meses a los ministerios de Ambiente y de Protección Social para actualizar su reglamentación y definir las estrategias de implementación.

Conozca las excepciones y cómo se aplicará la nueva ley

Las denominadas "zonas de servidumbre acústica", destinadas a obras de infraestructura o actividades industriales que, por su naturaleza, generan altos niveles de ruido, no tendrán que asumir lo dispuesto por la actual normativa. También se permite cierta flexibilidad en actividades culturales, artísticas, religiosas o fiestas populares, siempre y cuando sean declaradas oficialmente por las alcaldías y se cumplan los límites establecidos.

Por su parte, el Ministerio de Ambiente, junto al Ministerio de Salud y Protección Social, deberán liderar campañas educativas y coordinar con los entes territoriales la implementación progresiva de la ley. En paralelo, los ciudadanos también tendrán un rol activo, ya que podrán presentar quejas formales por contaminación acústica ante la Policía, las secretarías de Ambiente o las alcaldías locales.

Es así como desde ahora, generar ruido puede implicar un alto costo. Actividades como fiestas, cultos religiosos, comercios o reuniones familiares deberán ajustarse a la nueva normativa: la convivencia pacífica ya no es solo una recomendación, es un mandato legal.

¿Sabía que ahora el ruido puede costarle una multa? Comparta esta información y ayude a construir entornos más tranquilos y saludables. La nueva ley ya está en marcha, y todos tenemos un papel que cumplir.